El presidente Rodrigo Paz anunció este jueves la decisión de cerrar definitivamente el Ministerio de Justicia. La medida drástica se tomó horas después de que se hicieran públicas las discrepancias internas en el Ejecutivo respecto a la designación del nuevo titular de dicha cartera.
El origen del conflicto político
La determinación surge tras un cuestionamiento directo del vicepresidente Edmand Lara. El segundo mandatario objetó públicamente el nombramiento de Jorge García, quien se perfilaba para asumir el cargo tras la renuncia del anterior ministro.
Según lo expuesto por el Vicepresidente, existían observaciones sobre la idoneidad del candidato, citando antecedentes de procesos judiciales que, a su criterio, impedían una gestión transparente. Estas declaraciones evidenciaron una falta de consenso en los niveles más altos del gobierno.
Argumento oficial: Fin de la injerencia
Ante la controversia generada por la denuncia, el presidente Paz optó por la disolución total de la entidad en lugar de buscar un reemplazo. El mandatario enmarcó la decisión en el cumplimiento de sus promesas de campaña.
El Jefe de Estado argumentó que la existencia del Ministerio de Justicia había facilitado históricamente la injerencia política sobre el Poder Judicial. Con su cierre, el Gobierno asegura buscar el cese de la persecución política y garantizar una mayor independencia para jueces y magistrados.
Reacciones en el sector judicial
La supresión del ministerio ha generado repercusiones inmediatas. Vocales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han manifestado su conformidad con la medida. Desde el órgano judicial se señalaba que, en el pasado, dicha cartera de Estado funcionaba como un mecanismo de presión contra los operadores de justicia.
Con esta reestructuración, las funciones administrativas del extinto ministerio deberán ser redistribuidas, marcando un cambio significativo en la relación entre el Ejecutivo y el Judicial.
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